Chile tras el destino final de los desaparecidos

“En el caso de Chile yo no diría que toda la información es falsa, pero no toda la información es verdadera”. Elizabeth Lira

Los desaparecidos de Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet estarían entre 1.100 a 1.200 casos denunciados según la psicóloga e investigadora chilena Elizabeth Lira quien hace parte del Comité Asesor de EQUITAS Colombia y quien ha orientado su actividad a ayudar a las víctimas de la violencia en Chile prestando apoyo psicológico para mitigar el dolor y favorecer su reintegración en el entorno familiar y social.

En su participación en el Seminario Internacional: ´Contribuciones para la paz: el rol de los cementerios en la identificación de Víctimas’, y los diálogos sostenidos con EQUITAS sobre la experiencia de su país en la búsqueda e identificación de cuerpos de Personas No Identificadas (PNI), expresó que hasta el momento en Chile sólo se puede decir que han sido identificados aproximadamente 150 cuerpos. El bajo número de identificaciones ha podido deberse a casos como el del cementerio general de Santiago en el patio 29, lugar en el que para el año 1991 fueron hallados e identificados 121 cuerpos, pero posteriores revisiones de los procedimientos bajo los cuales se habían efectuado las exhumaciones y los análisis hechas en el año 2006, evidenciaron que existían 47 casos de personas que habían sido identificadas erróneamente.

Un informe del Centro de Investigación Periodística, Ciper , señala que la metodología usada por el Servicio Médico Legal de Chile ya se había puesto en duda en una primera oportunidad tempranamente en 1994, año en el cual un perito planteó a los tribunales sus cuestionamientos. Y posteriormente, cuando el siguiente año la Universidad de Glasgow en Escocia, confirmó los errores mediante el análisis de las muestras genéticas recibidas.

Evidentemente la falta de protocolos de actuación y de registros adecuados de inhumación o entierro de los cuerpos y posteriormente de los procesos de exhumación y análisis e identificación, afectaron negativa y considerablemente los resultados. “Fue necesario hacer una corrección muy seria con el costo emocional para cada una de las familias que había creído haber puesto fin a la tortura interminable que era la búsqueda de su familiar”, manifestó Lira.

Pero esa no es la única dificultad a la que se enfrenta Chile en la tarea de la búsqueda de sus desaparecidos. En otros contextos, la identificación de las víctimas también ha sido compleja; el dictador Augusto Pinochet ordenó que todos los cuerpos enterrados en los regimientos fueran removidos. A esta orden se le denominó Operación Retiro de Televisores  y por ella cientos de cuerpos fueron dinamitados e incinerados y luego lanzados al mar.

En el marco de la dificultad de la ubicación de estas víctimas, en el año 2000 se estableció una mesa de diálogo con los militares participantes las atrocidades de la dictadura, y en 2001, estos contaron de 180 casos de personas que fueron lanzadas al mar y de 20 que estaban enterradas en distintos lugares. “Su hallazgo demostró que habían sido dinamitados y de ahí la enorme dificultad para poder identificar los restos en el estado en que han sido encontrados porque fueron intencionalmente destruidos”, asegura Elizabeth Lira y ello da cuenta de que en Chile la información sobre el paradero de las personas desaparecidas es parcial, incompleta y no puede decirse que toda ella sea falsa o cierta.

Por ello, es que es una obligación del Estado continuar con la búsqueda de sus ciudadanos desaparecidos hasta no contar con la certeza plena de que los cadáveres sin identidad hallados o custodiados por ejemplo por los cementerios, están perfectamente identificados. Esta obligación se materializa en el marco jurídico que insta al Estado a ubicar a las personas desaparecidas y los cuerpos de las personas ejecutadas bajo la dictadura, porque esto comprende un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena.

Recomendaciones para el caso colombiano

Para Lira, el cese de las desapariciones es un acto necesario en todos los continentes.

Particularmente para la construcción de la paz en Colombia, que se encuentra en un importante momento de diálogo de los actores parte del conflicto, es imperante que el Estado entregue a la sociedad y a las familias de las víctimas, como actos de memoria, verdad y reparación, información suficiente sobre quiénes son las personas que han resultado ser las víctimas mortales de la violencia, cuáles fueron las condiciones en las que murieron y cuál fue su destino final.

Para ello en Colombia no sólo se debe pensar en la aplicación de metodologías adecuadas para la identificación científica de los cuerpos recuperados, sino también para el manejo de la información que corresponde a estos. Casos como el de los cuerpos de PNI inhumados en los cementerios de Colombia contarían con mayores probabilidades de ser identificados, de existir registros confiables y adecuados de la información sobre su ubicación y condiciones de conservación.